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Javier de La Rosa, que ejerce su propia defensa en el juicio por la operación principal del "caso KIO" —denominada 'Pincinco'—, ha solicitado la anulación del proceso. El empresario considera que las acusaciones han prescrito y cree vulnerado su derecho a no ser juzgado dos veces por unos mismos hechos, ya que una sentencia dictada en diciembre pasado en Kuwait no le considera responsable de esas imputaciones.
De la Rosa se enfrente a una pena de 14 años de cárcel y a una indemnización de 66 millones de euros por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El juicio de la Agencia Oficial de Inversiones de Kuwait (KIO, por sus siglas en inglés), que ha comenzado en la Audiencia Nacional, se inició con la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, un trámite previsto para alegar vulneración de derechos fundamentales.
De la Rosa compartió turno de palabra con su hija Graciela y afirmó que su papel en las operaciones financieras era cumplir órdenes procedentes de Kuwait. También aseguró que el dinero (300 millones de dólares en el caso de Pincinco, unos 250 millones de euros al cambio actual) sólo hacía "escala de 24 horas" en España y que se ha sentido "presionado" por los Estados español y kuwaití.
Nuevos testigos y acusados
Por su parte, la hija de De la Rosa defendió que los delitos de apropiación indebida que se imputan al empresario tenían un plazo de prescripción de 5 años —Anticorrupción aplicó un plazo de 10 años por considerar que hubo continuidad delictiva—, por lo que quedaron extinguidos en 1995, un año antes de que se dirigiera la acción penal.
De la Rosa pidió que se valore como prueba la sentencia de Kuwait, además de la citación de dos nuevos testigos: el que fuera director general de Gran Tibidabo, Juan Cruells, y del presidente de Axel Urquijo, Joaquín Tamames, "para que ratifique un informe de 1992 con la valoración de Torras, y así demostrar que la suspensión de pagos fue decisión del Estado kuwaití", explicó el empresario.
Las mismas cuestiones previas fueron alegadas por el abogado del otro principal encausado, el abogado Juan José Folchi, para quien también se piden 14 años de cárcel. Su defensa explicó que el letrado ya ha sido juzgado en Inglaterra por los mismos hechos y negó su jurisdicción española, ya que todas las órdenes relativas a Pincico se adoptaron en la sede de KIO en Londres.
Indemnizaciones de 260 millones de euros
Además de De la Rosa y Folchi, en esta causa también se piden 11 años de cárcel para el ex consejero delegado del Grupo Torras, Jorge Núñez Lasso de la Vega, cinco para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, y dos para el ex director financiero de Torras, Miguel Soler.
La fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, pide el enjuiciamiento como responsables civiles de otras seis personas: Mercedes Misol, esposa de De la Rosa; Manuel Guasch; Enrique Sarasola; Santiago Tomeu; Arturo Piñana; y el ex diputado de CiU en el Parlamento catalán y miembro del Consell Constultiu, Jaume Camps, al considerar que recibieron parte del dinero sustraído al Grupo Torras por los primeros.
La Fiscalía reclama que Folchi, Soler y De la Rosa que indemnicen al Grupo Torras con 10.973 millones de pesetas (unos 66 millones euros); que Manuel Prado lo haga con 80 millones de dólares (unos 67 millones de euros), ya que son también responsables sus sociedades instrumentales Explotación Agrícola "Los Cansados", Dehesa de Juan Esteban y Rialar 95. Asimismo, la Fiscalía pide que el empresario Enrique Sarasola pague 1,1 millones de dólares (unos 920.000 euros), y que el ex consejero de Torras, Manuel Guasch, abone 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros).
Las declaraciones, en noviembre
Por su parte, solicita que el diputado de CiU Jaume Camps indemnice con 705.588 euros a Torras, que Arturo Piñana pague 360.607 euros, y Santiago Tomeu, 300.506. Estos dos últimos eran empleados de De la Rosa.
Según el fiscal, De la Rosa utilizó la operación 'Pincinco' para apropiarse de 101,89 millones de euros (16.953 millones de pesetas) que repartió, entre otras personas, a Manuel Prado, Colón de Carvajal y al empresario Enrique Sarasola. Asimismo, abarca las dos operaciones 'Oakthorn' y la manipulación de las cotizaciones de la empresa Prima Inmobiliaria.
El tribunal continuará escuchando de cuestiones previas el próximo día 21, cuando está previsto que intervenga el abogado de Núñez Lasso de la Vega, y ha reservado el 28 de octubre para el mismo fin. Las sesiones del juicio en sí, con las declaraciones de los encausados, comenzarán a finales del mes de noviembre.
De la Rosa se enfrente a una pena de 14 años de cárcel y a una indemnización de 66 millones de euros por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El juicio de la Agencia Oficial de Inversiones de Kuwait (KIO, por sus siglas en inglés), que ha comenzado en la Audiencia Nacional, se inició con la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, un trámite previsto para alegar vulneración de derechos fundamentales.
De la Rosa compartió turno de palabra con su hija Graciela y afirmó que su papel en las operaciones financieras era cumplir órdenes procedentes de Kuwait. También aseguró que el dinero (300 millones de dólares en el caso de Pincinco, unos 250 millones de euros al cambio actual) sólo hacía "escala de 24 horas" en España y que se ha sentido "presionado" por los Estados español y kuwaití.
Nuevos testigos y acusados
Por su parte, la hija de De la Rosa defendió que los delitos de apropiación indebida que se imputan al empresario tenían un plazo de prescripción de 5 años —Anticorrupción aplicó un plazo de 10 años por considerar que hubo continuidad delictiva—, por lo que quedaron extinguidos en 1995, un año antes de que se dirigiera la acción penal.
De la Rosa pidió que se valore como prueba la sentencia de Kuwait, además de la citación de dos nuevos testigos: el que fuera director general de Gran Tibidabo, Juan Cruells, y del presidente de Axel Urquijo, Joaquín Tamames, "para que ratifique un informe de 1992 con la valoración de Torras, y así demostrar que la suspensión de pagos fue decisión del Estado kuwaití", explicó el empresario.
Las mismas cuestiones previas fueron alegadas por el abogado del otro principal encausado, el abogado Juan José Folchi, para quien también se piden 14 años de cárcel. Su defensa explicó que el letrado ya ha sido juzgado en Inglaterra por los mismos hechos y negó su jurisdicción española, ya que todas las órdenes relativas a Pincico se adoptaron en la sede de KIO en Londres.
Indemnizaciones de 260 millones de euros
Además de De la Rosa y Folchi, en esta causa también se piden 11 años de cárcel para el ex consejero delegado del Grupo Torras, Jorge Núñez Lasso de la Vega, cinco para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, y dos para el ex director financiero de Torras, Miguel Soler.
La fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, pide el enjuiciamiento como responsables civiles de otras seis personas: Mercedes Misol, esposa de De la Rosa; Manuel Guasch; Enrique Sarasola; Santiago Tomeu; Arturo Piñana; y el ex diputado de CiU en el Parlamento catalán y miembro del Consell Constultiu, Jaume Camps, al considerar que recibieron parte del dinero sustraído al Grupo Torras por los primeros.
La Fiscalía reclama que Folchi, Soler y De la Rosa que indemnicen al Grupo Torras con 10.973 millones de pesetas (unos 66 millones euros); que Manuel Prado lo haga con 80 millones de dólares (unos 67 millones de euros), ya que son también responsables sus sociedades instrumentales Explotación Agrícola "Los Cansados", Dehesa de Juan Esteban y Rialar 95. Asimismo, la Fiscalía pide que el empresario Enrique Sarasola pague 1,1 millones de dólares (unos 920.000 euros), y que el ex consejero de Torras, Manuel Guasch, abone 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros).
Las declaraciones, en noviembre
Por su parte, solicita que el diputado de CiU Jaume Camps indemnice con 705.588 euros a Torras, que Arturo Piñana pague 360.607 euros, y Santiago Tomeu, 300.506. Estos dos últimos eran empleados de De la Rosa.
Según el fiscal, De la Rosa utilizó la operación 'Pincinco' para apropiarse de 101,89 millones de euros (16.953 millones de pesetas) que repartió, entre otras personas, a Manuel Prado, Colón de Carvajal y al empresario Enrique Sarasola. Asimismo, abarca las dos operaciones 'Oakthorn' y la manipulación de las cotizaciones de la empresa Prima Inmobiliaria.
El tribunal continuará escuchando de cuestiones previas el próximo día 21, cuando está previsto que intervenga el abogado de Núñez Lasso de la Vega, y ha reservado el 28 de octubre para el mismo fin. Las sesiones del juicio en sí, con las declaraciones de los encausados, comenzarán a finales del mes de noviembre.